Telefónica, Telefónica Móviles (Movistar), Vodafone y France Télécom (Orange) son los operadores designados por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para contribuir a financiar el Fondo Nacional del Servicio Universal de los años 2003, 2004 y 2005, según una resolución aprobada por el Consejo de la CMT este año.
Telefónica deberá aportar 72,74 millones de euros, que suponen un 40 por ciento de la contribución al Fondo en ese periodo; Movistar, 59,40 millones, el 33 por ciento; Vodafone, 31,65 millones que suponen el 17 por ciento y Orange contribuirá con 18,98 millones (el 10 por ciento del total). En términos agregados el fondo asciende a 182,77 millones en el periodo.
Tras pedir información a cerca de 1.500 operadores, la CMT ha constatado que los ingresos de estas cuatro compañías (entre todas suman más del 80 por ciento de los ingresos declarados por el mercado en esos ejercicios) son significativamente superiores a los obtenidos por el resto de operadores, que quedan exentos de contribuir al Fondo Nacional del servicio universal. No obstante, la CMT subraya que esta resolución no impide que en periodos posteriores otros operadores puedan estar obligados a sufragar los costes del servicio universal.
La contribución que corresponde a cada operador se deberá hacer en un único pago en el plazo de un mes a partir de la notificación de la resolución dictada por el Consejo de la CMT. Telefónica, como único operador prestador del servicio universal en ese periodo, y por tanto, único operador con derecho a compensación, recibirá la compensación dentro del mes siguiente a la finalización del período de pago.
La CMT aprobó el 29 de noviembre de 2007 abrir el Fondo Nacional del Servicio Universal para financiar el coste neto de prestar este servicio en los años 2003, 2004 y 2005. La CMT cifró el coste neto del Servicio Universal en 18,80 millones para 2003; 83,85 millones para 2004; y 80,12 millones para 2005, al tiempo que abrió un procedimiento administrativo para determinar exactamente qué operadoras debían contribuir a él y en qué medida.
La Ley General de Telecomunicaciones (LGTel) define el servicio universal como “el conjunto de servicios cuya prestación se garantiza para todos los usuarios finales con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y a un precio asequible”.

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Después de varios meses de incertidumbre ante la decisión que tomaría la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) en torno a la futura regulación de las Redes de Acceso de Nueva Generación, la CMT ha dado un paso decisivo anunciando, el pasado 17 de enero, una resolución por la que aprueba las conclusiones a la consulta pública realizada meses atrás. Entre todas las líneas maestras de la futura regulación cabe destacar la invitación de la CMT a realizar un esfuerzo inversor por parte de todos los operadores, el incumbente y los alternativos, lo que implica una obligación de compromiso con la innovación por parte de todos ellos. La CMT se adelanta así a futuras medidas a aplicar que pasarán necesariamente por una renovación de la red tradicional de cobre si se quiere hacer efectiva la oferta de “banda muy ancha”.La Comisión ha diseñado un escenario donde Telefónica no tendrá que compartir forzosamente su nueva red con los operadores alternativos, de manera que la supervivencia de los competidores del incumbente pasa necesariamente por el desarrollo de infraestructura propia. Esta no ha sido la única baza para Telefónica, que también ha conseguido que la CMT contemple el estudio de la inversión en redes de próxima generación no como una necesidad única en todo el territorio español, sino que se aborde de acuerdo a criterios socioeconómicos y demográficos que permitan identificar zonas potencialmente más competitivas, frente a otras menos relevantes.  Los operadores alternativos sí han logrado que la Comisión mantenga la regulación actual sobre la red de cobre, sin embargo queda abierto el futuro de los mismos, dado que la ambiciosa petición de la CMT podría llevar a muchos operadores alternativos a desaparecer si no invierten convenientemente o incluso a abandonar el mercado español en busca de países con un marco regulatorio menos estricto y un margen de ingresos parecido.

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